Ayer tuvo lugar en las Cortes Valencianas la sesión de investidura de Carlos Mazón que por la tarde fue proclamado presidente de la Generalitat. A partir de ahora se abre un nuevo ciclo político en el territorio autonómico donde gobernará un ejecutivo del PP en coalición con VOX y del que no es aventurado anticipar cambios trascendentales en todos los planos que afectan a la ciudadanía.
Por descontado que la industria del juego tiene depositadas las mayores expectativas en el cambio político que acaba de producirse en la Comunidad Valenciana. En la que el tripartito del Botánic dejó la herencia de una Ley de Juego cuyo contenido es uno de los más regresivos que en la actualidad están vigentes en el ámbito autonómico. Un texto que ha traído consigo el cierre de muchas empresas y la pérdida de 2.500 puestos de trabajo.
El sector, cuyos representantes se han ocupado de un tiempo a ésta parte en mantener frecuentes contactos con miembros de los partidos que ahora gobernarán en la Comunidad Valenciana, confían en que a medio plazo puedan producirse trasformaciones de calado y medidas incentivadoras para el juego sus empresas y la creación de empleo. No cabe duda de que es mucho lo que hay que hacer para tratar de restaurar los agravios cometidos y los desequilibrios provocados por una política de corte radical que respecto al juego valenciano se ha distinguido por su sentido regresivo y su afán penalizador. Se quiere pensar en una progresiva transformación del escenario que deje vía libre a un sector del juego comprometido con la transparencia y la seguridad y al que hay que imperiosamente abrirle la puerta de la evolución que es garantía de futuro.
